El OIEA ha establecido una Política de Protección de los Denunciantes de Irregularidades para facilitar que se puedan denunciar de manera confidencial presuntos casos de fraude, corrupción o conducta indebida y proteger a los denunciantes de modo que no se divulgue su identidad ni sufran represalias.

Todo funcionario que posea información que apunte a un posible caso de fraude, corrupción o conducta indebida está obligado a notificarla. Si la persona que posee dicha información no es un funcionario, se la insta a que la notifique. Si bien se alienta a los denunciantes a que incluyan sus datos de contacto (nombre, dirección y/o número de teléfono) por si fuera necesario recopilar información o aclaraciones adicionales, también pueden optar por mantenerse en el anonimato. En cualquier caso, se preserva la confidencialidad de la identidad de los denunciantes internos y externos. Los funcionarios que notifiquen conductas indebidas o cooperen en auditorías e investigaciones tienen derecho a protección frente a las represalias, y están amparados en este sentido por una función de ética independiente.

La denuncia presentada debe ser lo más detallada posible:

• ?Qué sucedió?
• ?Quién estuvo implicado?
• ?Dónde sucedió?
• ?Cuándo sucedió?